"QUIEREN QUE ELIMINEMOS LA POBREZA ELIMINANDO A LOS POBRES". En torno a mil provida repudiaron audiencia "pública" de abortista venezolana frente al Congreso de la Nación

Jueves 14 de julio de 2011.

REDACCIÓN VenL. Ayer miércoles 13 de julio se realizó en el Congreso de la Nación una "audiencia pública" cuyo principal objetivo fue avanzar en el proyecto de ley sobre la despenalización del aborto en Argentina. La abortista venezolana Luz Patricia Mejía, Relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), disertó en la sala, invitada por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, abocada a estudiar el proyecto de ley de legalización del aborto, siendo la única oradora permitida hasta el momento por la Cámara Baja en torno a este proyecto de ley.

A las puertas del Congreso, desde las 10 de la mañana, unos mil manifestantes se mostraron a favor de la vida, frente a una minoría abortista. Durante el transcurso de la exposición en la Cámara de diputados y hasta las 13 hs, entre las calles Rivadavia y Riobamba, en la Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo una contra-audiencia, organizada por el Frente Joven y la Asociación Civil “Médicos por la vida”, en la que estuvo presente como orador el Dr. Oscar Botta, médico Especialista en Salud Pública y Director del Instituto de Investigación Biológica para la Defensa de la Vida Humana. Acompañó también Gerardo Terán.

Al finalizar la disertación, la candidata a diputada pro–vida del Frente “Es posible” por la Ciudad de Buenos Aires, María de los Ángeles Mainardi, que estuvo presente durante la reunión efectuada en el Congreso, expresó que fue “una reunión más, no una audiencia, ya que el presidente de la comisión de Legislación Penal está detrás de su candidatura a un organismo internacional, por eso está promoviendo la temática del aborto, porque le interesa únicamente un nombramiento internacional”. Además detalló que “muchas de las diputadas a las que permitieron el ingreso son abortistas”. Dado que cada diputado podía hacer ingresar a 3 personas, la mayoría de los participantes eran abortistas.

Pese a la realidad que se vivía en el interior del Congreso Nacional, Mainardi aclaró que actualmente en la Cámara de Diputados “hay dos proyectos: el aborto que tiene una cantidad de firmas, pero también hay un proyecto que es a favor de la vida y la familia y que tiene más de 25 firmas”.

Con la presencia de muchos jóvenes, la multitud de manifestantes expresó su desacuerdo con la tratativa interna, de carácter excluyente, sobre el proyecto de ley pro–aborto, del cual se desprende:

• Que adolescentes de 14 años en adelante puedan abortar sin que sus padres lo sepan (art. 8).

• Que los argentinos paguen con sus impuestos el negocio del aborto (art 5).

• Privar del derecho a la vida a los niños de tres meses de gestación tan solo por ser no deseados (art. 1).

• Si el niño en gestación sufre malformaciones el proyecto discrimina injustamente al permitir matarlo hasta el noveno mes (art 3).

• Limita la objeción de conciencia a médicos que se nieguen a implicarse en un aborto (art 6).

• Quienes lo promueven ocultan a las mujeres los trastornos físicos y psíquicos que el aborto les producirá para toda la vida (síndrome post aborto).

• Encubre causas de mortalidad materna falseando estadísticas de muerte de mujeres por aborto cuando en realidad se trata de inequidad social y fallas en el sistema de salud.

Según la Red Federal de Familias la presencia de esta abogada significó una violación del Pacto de San José de Costa Rica (Ley N° 23.054), que en su artículo 4.1 determina que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general desde la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Por lo tanto, esto significa el reconocimiento de ese derecho fundamental a todas las personas por nacer desde el momento de la concepción.

Además, la Ley 23.849, aprobatoria del tratado, dispuso en su artículo 2 que “la República Argentina declara... que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad”. Cabe recordar que desde 1994 el Pacto de San José de Costa Rica establece en su artículo 29 que "ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:

• permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;

• limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;

• excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y

• excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza".

Desde el derecho internacional, tanto el Pacto, como la Convención sobre los Derechos del Niño (en las condiciones de su vigencia) reconocen la inviolabilidad del derecho a la vida desde la concepción. Ambos tienen jerarquía constitucional, en las condiciones de su vigencia, adquiriendo primacía sobre todo el universo infra constitucional de normas, entre las que se encuentra el Código Penal.

Frente a la legislación vigente, la tratativa del proyecto de ley carece de fundamento jurídico y esto dieron a conocer públicamente los manifestantes: que el primer derecho humano es el Derecho a la Vida, frente al cual no caben enfoques restrictivos.

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